25 de junio de 2019. A los 19 meses del asesinato de Rafita: el fallo de la Cámara Federal Roca y la denuncia de la APDH contra Bullrich

El 25 de junio de 2019, fue un día cargado de unidad en la lucha que exige justicia por los asesinatos en manos del estado represor: exactamente 19 meses desde que mataron a Rafael Nahuel (22 años) y a un día de cumplirse 17 años de la masacre que nos quitó a los jóvenes militantes populares Darío Santillán (21 años) y Maximiliano Kosteki (22 años). Evidente el patrón común de estos crímenes, distantes en el tiempo, pero unidos en su espíritu. Matan a los pibes que luchan con decisión por hacer del mundo un mejor lugar: Darío llevando educación a los barrios, abrazando la lucha con los compas, tejiendo caminos de dignidad; Maxi, comprometiendo su arte con las causas humildes, enseñando a dibujar a les pibes, arte de zapatilla gastada ¡Porque desde ahí se construye la cultura popular! Y Rafita, weichafe (guerrero) mapuche que, en palabras de María Nahuel, su querida tía -que se acercó desde el territorio para visibilizar su lucha y acompañar la jornada de lucha en la estación Darío y Maxi del conurbano bonaerense-,  expresó: “Rafael Nahuel era una persona que se ganaba el corazón de todos, era una persona que quería vivir como mapuche, no quería nada más que vivir como mapuche y le quitaron la vida de un momento, en un segundo le quitaron su sueño… pero nosotrxs como mapuches sabemos que mi sobrino está y hoy es un ngen (espíritu de la naturaleza)”.

Foto del 25 de junio de 2019, a los 19 meses del asesinato. De espaldas al monumento Roca. María Nahuel y a la izquierda la Machi Betiana Colhuan, tía y prima del weichafe Rafita. 

Repasemos los hechos. El 11 de noviembre de 2017, el Lof Lafken Winkul Mapu, anuncia que, desde hacía 2 meses, recuperó su territorio en Wincul Mapu cercano a Villa Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi-. El 22 de noviembre, la fiscalía de Bariloche y el Juez Federal Guillermo Villanueva ordenan el desalojo. El 23 de noviembre, más de 300 agentes federales de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería realizaron un violento desalojo. En el operativo, detuvieron a 5 mujeres y 4 menores, incluido un niño de 1 año, quienes fueron liberadxs al día siguiente. Desde entonces, la presencia de las Fuerzas Federales es ininterrumpida, tal como afirmó María Nahuel: “…en mi casa cada tres días tengo a la Federal, a Gendarmería… nos andan espiando, adonde andamos, ellos andan ¡No podemos vivir tranquilos! Seguimos siendo perseguidos.”

Volviendo, el 25 de noviembre de 2017, el mismo día en que estaban sepultando a Santiago Maldonado en Buenos Aires, la “Fuerza Albatros” de Prefectura, vuelve a ingresar en el Winkul Mapu, vestidos de camuflaje, disparando con balas de goma y de plomo. Hieren a Rafita, que muere mientras lo bajaban del cerro sus compañeros Lautaro González y Fausto Jones Huala, hermano del Lonko Facundo Jones Huala, preso político mapuche en Chile. Según los testimonios expuestos el pasado 6 de abril por Gonzalo Coña y Johana Colhuan, ambxs heridxs con balas de 9mm durante la emboscada y que se habían acercado a solidarizar, el escenario fue el siguiente: “todas las heridas provinieron de abajo hacia arriba, montaña arriba estábamos nosotros y montaña abajo los sujetos que desconocemos. Nuestras heridas fueron de atrás para adelante o sea que nos emboscaron y nos sorprendieron de espaldas a los atacantes”. Estos testimonios valientes (Sí, valientes. Nada más ni nada menos que Graciela Salvo, mamá de Rafita, recibió amenazas de muerte el pasado marzo), fueron claves para que se accionara con más fuerza el desmontaje de la versión del gobierno de que hubo un enfrentamiento. El montaje, no tardó prácticamente nada en comenzar a marchar, en su relato: los mapuches poseían armas de grueso calibre y desplegaron estrategias de guerra, según afirmó la propia Bullrich el 27 de noviembre de 2017. Sin embargo, el relato se desmoronó frente a las pruebas, peritajes y testimonios que reflejan lo que verdaderamente ocurrió: un ataque planificado en el que las balas fueron sólo en una dirección. Es decir, la sistemática operación del Ministerio de Seguridad es la siguiente: represión, asesinato, montaje mediático, intromisión del poder ejecutivo y amedrentamiento a quienes exigen justicia.

También hay un patrón común desde la exigencia de justicia, al pedir que los responsables de la decisión política que acompaña (¡siempre!) la orden de reprimir, desalojar y matar, asuman su culpa y sean juzgados al igual que los autores materiales de los crímenes. Por ello, el caso de Rafita hay que seguirlo de cerca.

Foto del 25 de enero 2018, dos meses después del asesinato.

El programa radial “Latido Americano” de los días viernes al mediodía por FM La Caterva (fm 97.3), conversó con Rubén Marigo, presidente de la APDH-Bariloche (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche)  para tratar los temas de la detención del asesino de Rafael Nahuel, prefecto Javier Pintos y la conformación de una denuncia a nivel nacional contra Patricia Bullrich y el séquito ministerial, responsables políticos del asesinato, la represión y la persecución contra el pueblo mapuche. Compartimos algo de lo charlado y difundimos el fallo de la Cámara Federal de General Roca, así como la denuncia nacional contra Bullrich, para quienes deseen conocer más de cerca la concatenación de eventos que conforman el escenario actual de criminalización contra el pueblo mapuche por razones económicas e intereses inmobiliarios y empresariales (“¿cualquier similitud con el aparato represivo de Chile es coincidencia?”).

Rubén Marigo: Hay dos o tres elementos para analizar en los últimos tres meses, que nos alientan como APDH en la querella, en forma autónoma y patrocinando a los padres de Rafa, a que se puede llegar en este caso concreto a la condena no sólo de Pintos, sino a los demás que de alguna manera alentaron el procedimiento que causó el asesinato. Eso se refiere a que, en primer lugar, en el mes de abril la misma Cámara Federal de General Roca hizo lugar a nuestra apelación, aceptando a la APDH como querellante y reconociendo, por lo tanto, que este era un homicidio y hecho delictivo encuadrado en los derechos humanos, cosa que había negado el juez Villanueva. El segundo punto fundamental fue revocar el auto de procesamiento del juez Leónidas Moldes (reemplazo de Villanueva) que había considerado que era un homicidio cometido en exceso de la legítima defensa, haciendo lugar al pedido de la querella de que realmente hubo un homicidio agravado, decretándose al mismo tiempo la prisión preventiva que se hizo efectiva el día 11 de junio, como es de público conocimiento.

Esta situación que se dio en General Roca… ¿Cuál es tu interpretación del lugar que dieron en la Cámara a ustedes como querellantes en defensa de la familia de Rafa, que también es la voz de todo el pueblo que está pidiendo justicia por este caso?

Rubén Marigo: Me parece que hubo un cambio claro desde la Cámara Federal Roca comparado con lo que pasó con Villanueva y Moldes, porque ya nos habían aceptado con los abogados nuestros patrocinando a Graciela y a Tito que son los padres de Rafa, y porque marcaron cosas fundamentales en este fallo que hay que destacar. Primero, afirma que no existió un enfrentamiento, sino que hubo un asesinato, lo que era fundamental porque lo que había determinado Moldes y Villanueva, siguiendo la línea política marcada del Ministerio de Bullrich, era que había habido un enfrentamiento, con esta generación del enemigo interior a través de RAM y que había habido una legítima defensa por parte de los Albatros. Por lo cual me parece que es un cambio fundamental y hace lugar al pedido nuestro de que esto es un homicidio agravado. Si bien no lo hizo como nosotros habíamos solicitado de que debía ser, como “agravado” por ser un miembro de las fuerzas de seguridad, lo hizo por haber sido un asesinato con armas, lo cual prevé una pena de entre 10 años hasta más de 33. Pero Igual demuestra un cambio importante. Y otra cosa que también marcó, además de esta incidencia del poder ejecutivo en el poder judicial, es que se debe estudiar la responsabilidad de quien estaba a cargo del procedimiento, dado que, como pasó en el caso de Maldonado, al hacer el procedimiento se había desobedecido la orden del juez que era custodiar el lugar que había sido retomado por la comunidad y no ingresar, no perseguir -incluso fuera de ese terreno- a los que estaban ocupando, y que culmina con la muerte de Rafa Nahuel. Yo creo que este es un fallo muy importante, sobre todo porque la justicia no está clara en este país, entonces este fallo, como el caso de Ramos Padilla, demuestra que hay una posibilidad de ir avanzando en estos temas.

La semana pasada hubo una audiencia en la que se constituyó como querellante el Lof Cushamen, pidiendo esclarecer qué sucedió durante la represión del 11 de enero, que fue lo que dio comienzo a la alzada de violencia que derivó en la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado. Justo el día que entierran a Santiago Maldonado acribillan a Rafael Nahuel. Desde tu función como abogado y activista ¿cuál es tu lectura sobre esta posición que están tomando las comunidades en avanzar sobre el terreno de la justicia para hacer efectivos sus derechos?

-Rubén Marigo: Me parece que es una reivindicación histórica. Hay dos posturas; por un lado, la Constitución en la reforma del 94 reivindica -como corresponde con los tratados internacionales- el derecho al territorio de los pueblos originarios; por otro lado, otra línea que es la que sigue la conquista del desierto, con el genocidio, el desarraigo de los pueblos originarios y la entrega de 32.000.000 de hectáreas a los terratenientes de ese momento. Me parece que son dos líneas históricas claras y que los pueblos originarios siempre han luchado y me parece que esto ha tomado más difusión. Lo que siempre dijimos, incluso cuando exigimos la mesa de diálogo para evitar otro tipo de represión como en el caso de la comunidad de Bariloche del Lago Gutiérrez, es que como dice el Convenio Internacional 169 de la OIT, ese tipo de cuestiones no hay que judicializarlas y mucho menos penalizarlas, sino que hay que discutirlas en una mesa donde las partes se deben sentar y llegar a un acuerdo como corresponde, sobre todo reconociendo un derecho histórico (…) Me parece que la imposición de una mesa de diálogo el 26 y 27 de noviembre de 2017, a los dos días del asesinato de Rafael, fue para evitar seguir con la represión de los compañeros que estaban recuperando el mismo lugar. Es una solución política en ese sentido y bueno, uno se tiene que sentar a la mesa con decisión de solucionar, que es lo que no ha pasado todavía en esta zona. Al menos esta fue nuestra intención, estamos tratando de llegar a un acuerdo y me parece que este fallo ayuda mucho, sobre todo porque también, en cierta forma, descarta que haya habido una usurpación o esto del enfrentamiento, pero es un proceso largo. Le han rechazado el recurso ante la Cámara de Casación (recurso contra el fallo que acusó –absurdamente- de traición a la patria en términos reaccionarios contra Fausto Jones Huala y Lautaro González, que bajaron a Rafa luego de que la bala del prefecto Pintos le quitara la vida) entonces han intentado un Recurso de Queja, yo le tengo miedo a esa Cámara de Casación, pero bueno, pero ahora lo importante -y lo hablábamos el lunes con los padres de Rafael- es la detención del asesino. Y se ha logrado junto a esto otra cuestión: a los otros 4 o 5 albatros que fueron procesados se les declaró la falta de mérito, por lo cual, si bien no habría una intervención directa, no significa que no aportemos pruebas para ver cómo colaboraron en este asesinato, como así también el jefe del procedimiento (…) Además, la APDH, a nivel nacional, acaba de iniciar una denuncia contra la Ministra Bullrich y parte de su cúpula del Ministerio, tomando en cuenta los antecedentes del caso Maldonado, del caso de Rafael y con esta historia que comienza en febrero del 2016 cuando, acá mismo en Bariloche, modifican el protocolo para reprimir la protesta social… yo creo que hay que tener memoria y no olvidarse de estas cosas. Incluso pueden adherir otras agrupaciones políticas, sociales y organismos de derechos humanos a esta denuncia que se presentó el día 12 de junio a nivel nacional y veremos cómo se reacciona. Pero me parece que es muy claro, tanto la forma como se actuó en el caso Maldonado como se actuó en este caso (Rafa), con todo este aparato represivo necesario para imponer un plan económico y que necesita la colaboración de un sector del poder judicial. Así que no es fácil esta lucha, tampoco es fácil todavía el caso de Rafa. Es un paso importante, pero hay bastante para seguir luchando. Por eso me parece importante que la gente conozca este fallo de la Cámara Federal De General Roca que tuvo estas cuestiones importantes: encuadrarlo en derechos humanos; considerarlo que es un homicidio y que no hubo enfrentamiento y que, por otra parte, la fiscalía y la línea de investigación siguió las ordenes de la Ministra Bullrich, con lo cual se demuestra que no hay una división clara de poderes como debería de pasar en una república.

 

Foto de 25 de febrero de 2018, 3 meses después del asesinato

En esta denuncia contra Bullrich y contra el aparato del Ministerio, una de las cuestiones que se lee es que utilizaron estrategias de inteligencia que son ilegales ¿de qué estrategias se trata? Preguntamos porque es una estrategia que también se está dando en otras latitudes de Argentina y refleja un accionar sistemático.

-Rubén Marigo: Te paso unos tips de los hechos que sostienen la denuncia de la APDH. La primera, el 17 de febrero de 2016 en Bariloche se modifica el protocolo a la protesta social y se elimina la prohibición del uso de armas de fuego e introduce el uso de la flagrancia, lo cual fue realmente necesario para que se cometan los crímenes de Santiago y de Rafael.  Segundo, el 30 de agosto de 2016, Bullrich presenta la tesis de enemigo interno, de terrorismo del RAM… sabiendo con qué otros organismos internacionales del “terrorismo” los compara (principalmente con las FARC). Tercero, en diciembre de 2017, Bullrich presenta oficialmente un informe de que el RAM es una amenaza interior (en el informe pueden verse los objetos secuestrados del Lof Cushamen: herramientas, sólo herramientas). Cuarto, en enero de 2017 gendarmería y la policía de Chubut ingresan con gran violencia en el Lof Cushamen, con heridos graves. Quinto, el 21 de junio y hasta el 13 de julio (2017) ingresan con pelotones de gendarmería en Vaca Muerta en Campo Maipo, e incluso en momentos cuando se estaba tramitando un habeas corpus presentado por la Confederación de Comunidades Mapuche por un allanamiento ilegal de gendarmería bajo encargo de Patricia Bullrich, con un pelotón de 50 gendarmes en la misma zona, sin ningún tipo de orden judicial que la avale. El habeas corpus fue aceptado -incluso por la Cámara de Casación Penal Federal- y prohibió a gendarmería ingresar al territorio. El comandante a cargo (Jorge Elías Mariani) en el habeas corpus claramente comprometió a Noceti ya que dijo que las órdenes para realizar el procedimiento las habían recibido por un llamado telefónico de parte del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. El 26 de noviembre de 2016 el Pu Lof en Resistencia Cushamen presenta otro habeas corpus que fue rechazado, era para evitar que la policía ingresara en el Lof (…) Finalmente, en noviembre de 2017, Bullrich moviliza al Grupo Albatros que culmina con el asesinato de Rafael Nahuel. Lo importante es ver los móviles que hay, la imposición de algunos negocios inmobiliarios, la imposición de un proyecto económico. Yo puedo remitirles la copia de nuestra denuncia de la APDH a nivel nacional, que es bastante extensa, pero puede dar algunos elementos para que recordemos qué fue lo que pasó históricamente desde el 2016 en adelante y ahí constan las denuncias, los hechos y los móviles de algunos negocios de algunas personas cercanas al gobierno, que en cierta forma justifican (para ellos) esta represión.

Además de la criminalización y la invisibilización de los reclamos territoriales de comunidades indígenas – desde el Wallmapu hasta el Impenetrable Chaqueño-  las estrategias de estos gobiernos insensibles con las causas indígenas, niegan aquello que le ofrecen a la sociedad en su conjunto: la posibilidad de volver a vincularnos con la naturaleza de otra manera. Por eso el ejemplo de la gente de la tierra les produce tanto miedo ¡Chaltumay Mapuche por luchar siglos por ella!

¡Maxi, Darío, Santiago,Rafita y todxs lxs caídos por luchar!

¡Presentes!

Enlace a los documentos:

Fallo Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

Denuncia contra Bullrich y el aparato del Ministerio de Seguridad

Enlace a la entrevista del progama Latido Americano:

19 06 14 1er Bloque Rubén Marigo Presidente APDH Detención De Pintos

 

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