“La pandemia del coronavirus debe habilitar la discusión sobre la planificación urbana” – Jonatan Baldiviezo

Mientras la Argentina celebra sus curvas chatas, estilizadas en la línea de tiempo; en los barrios populares los contagios van tomando la forma aberrante del creciendo exponencial. ¿No hablamos del mismo país?

Mientras al principio tuvimos una cobertura mediática a imagen y semejanza de los sectores medios y altos, ahora la enfermedad y la muerte de los que menos tienen irrumpe con alarma pero en clave de morbo y lástima que oculta las desigualdades estructurales que componen esta situación.

Atrás de las curvas de la pobreza gorda, está la dieta monocorde de pseudo alimentos, y asoma un rosario de enfermedades que amenazan con acentuar el impacto del coronavirus; instaladas por la falta de todo “lo básico”: agua limpia y suficiente, jabón, aire, espacio, luz, tiempo para el cuidado… Atrás del hacinamiento está la expulsión de poblaciones desde el campo y desde la ciudad. La angurria de la especulación inmobiliaria que al compás neoliberal moldeó una ciudad para cada vez menos.

El virus viene a enrostrarnos toda la desigualdad que el márketing intenta esconder en un volquete bien tuneado.

Pero en esos barrios late una red comunitaria solidaria y potente, garante del sostén de la vida en cada plato. Y también hay organizaciones que vienen desde hace años empujando la necesidad construir ciudades para todes. Sobre todo esto conversamos con Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

 

Huerquen: ¿Qué es y cómo surge el Observatorio del Derecho a la Ciudad?

Jonatan Baldiviezo: El Observatorio del Derecho a la Ciudad lo fundamos en el año 2014 con el objetivo de generar una red, una comunidad, de profesionales de distintas disciplinas, abogadxs, arquitectxs, geógrafxs, ingenierxs, para colaborar con las asambleas y organizaciones sociales en todo lo que tenga que ver con “cuestiones urbanas”; desde problemáticas habitacionales, desalojos, personas en situación de calle o la situación de los inquilinos; hasta cuestiones que tienen que ver con la planificación de la ciudad: la especulación inmobiliaria, la privatización de las tierras públicas, y lo referente a los servicios públicos. A partir de esa época empezamos a generar la red, no solamente de profesionales sino también de asambleas, a partir de las cuales hicimos muchas campañas en la ciudad, por la “no privatización de tierras públicas”, un nuevo código urbanístico, hicimos una “carta por el derecho a la ciudad”, por una ley marco de espacios verdes, etc. Es un espacio horizontal de creación de propuestas para la ciudad y de resistencias ante las políticas que toma el gobierno y el mercado inmobiliario.

Hqn: Desde el inicio de la pandemia se comenzó a vislumbrar el aislamiento social como la medida preventiva más eficaz para evitar la propagación del virus pero rápidamente, del #quedateencasa se pasó al #quedateentubarrio pensando en los barrios populares… ¿Qué situación pone en evidencia este cambio?

JB: Ciertamente, frente a la falta de una vacuna para enfrentar a esta pandemia del coronavirus, una de las medidas preventivas tuvo que ver en principio con la adopción de conductas de higiene personal más estrictas, principalmente el uso de barbijos, lavado de manos y el aislamiento social obligatorio. Al tomar esta medida los Estados advirtieron que en ciertos sectores de la población era muy difícil el cumplimiento a rajatablas de ese aislamiento social obligatorio, de lograr que las familias y las persona no salgan de sus casas; principalmente en lo que se consideran villas o barrios populares, las personas, las familias necesitan salir porque tienen que aprovisionarse de alimentos y de agua porque no tienen en sus casas. Estos sectores principalmente se alimentan a través de los comedores, de la organización comunitaria de las organizaciones sociales y necesitan ir una o dos veces por día a retirar esos alimentos, lo que no sucede en los sectores con mayores recursos que pueden ir a comprar una vez por semana.

También en muchos de los barrios populares, principalmente en los más densificados del AMBA, el mercado inmobiliario informal ha llevado a que exista gran cantidad de inquilinatos. Y las familias que alquilan tienen a lo sumo una pieza y un baño.

La medida del “quedáte en tu barrio”, del aislamiento comunitario, se tomó porque se sabía que si el coronavirus ingresaba a estos barrios iba a ser más explosivo por la aceleración del contagio; no solo por las condiciones de que no ayudan a reducir la circulación de las personas, sino que también estos barrios carecen de infraestructura sanitaria. Plantear la cuestión de la higiene personal resulta irónico en barrios que no tienen agua, las familias viven hacinadas, donde hay varios hogares por vivienda, y las viviendas carecen de ventilación adecuada.

En algunas villas de la ciudad se llega hasta aproximadamente el 70% de gente por debajo de la línea de la pobreza; una población con más enfermedades y mayor riesgo de morbilidad.

Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires el gran problema es que no se tomaron las medidas preventivas con relación a cuando el coronavirus ingrese al barrio. Se tomaron las medidas para hacer este aislamiento comunitario, el “quedáte en tu barrio”, pero no se tomaron las medidas preventivas de qué hacer cuando el coronavirus supere esa barrera comunitaria e ingrese al barrio. Y es lo que estamos viendo ahora, principalmente en el barrio Padre Ricciardelli, la 1-11-14, el barrio Carlos Mujica, ex villa 31, los niveles de contagio son 10 veces superiores a los niveles de contagio de toda la ciudad.

Hqn: En esa línea como ¿Cómo ven desde el Observatorio la actitud que vienen tomando los gobiernos (GCBA y Nacional)?

JB: En relación a los barrios populares hay una adopción de políticas distintas. En algunas provincias el Estado Nacional se está haciendo más cargo de los barrios populares. En otros distritos que se consideran que tienen más recursos como la ciudad de Buenos Aires se ha delegado esa atención a la jurisdicción local. Particularmente en la ciudad de BsAs las medidas que se están tomando están fracasando absolutamente todasNosotras veíamos que funcionarios y funcionarias iban a repartir cuadernillos o folletos de concientización para que la gente se lave las manos, cuando durante semanas sectores de distintos barrios solicitaban que se les lleve agua potable. Tuvimos que presentar una acción judicial y que un juez ordenara para que se lleve agua potable porque el gobierno no lo hacía. Y lo sigue sin hacer en cantidades suficientes aún en este contexto.

Faltan protocolos que es lo que estamos viendo en el barrio Carlos Mujica: qué sucede cuando un integrante de una familia se contagia, qué pasa con los hijos, cómo se garantiza ese aislamiento. No se están haciendo test a todos los integrantes de esa familia sino solamente a aquellos que presentan síntomas sabiendo que la enfermedad en algunos casos es asintomática.

Todo esto está generando que en los barrios populares de la ciudad el número de contagios haya llegado al 27% del total de la ciudad en tan solo 3 semanas.

Hay un tema quizás que es más económico, directamente relacionado con la enfermedad que tiene que ver con los alquileres, la situación de las familias inquilinas y que la crisis sanitaria también ha profundizado la crisis económica que ya tenía la Argentina en la ciudad de BsAs. El DNU que sacó el Presidente trató de dar una respuesta a esa crisis de aquellos que no tienen para pagar el alquiler y que por lo tanto iban a quedar en la calle desalojados, ordenando la suspensión de los alquileres, postergando el pago. Pero eso está pensado lamentablemente para el sector formal de alquileres donde los propietarios no van a sacar a los inquilinos por la fuerza sino que saben que tienen que ir a la justicia, y si no lo hacen interviene la policía. Pero en los sectores populares el Estado no interviene en estos asuntos, tampoco el poder judicial, y si un inquilino no paga el propietario lo saca por la fuerza, con violencia, no hay una causa judicial que sería el ámbito donde tendrían operatividad este decreto. Creemos que hacen falta otros tipos de soluciones para las familias inquilinas de los barrios populares.

Hqn: En general ¿Cómo ves la cobertura mediática que se hace del tema? ¿Predomina una mirada de “clase media”?

JB: En un principio, en el debate de los grandes medios de comunicación, estaba totalmente oculta la problemática de los barrios populares. Actualmente no es que haya cambiado radicalmente esta visión, sino que es inocultable la explosión de contagios en los barrios y está saliendo en los medios. Pero el tratamiento se muestra orientado más a la situación de contagios que a la discusión de por qué está sucediendo esto y qué hacer a futuro.

Las discusiones no van hacia las causas, y no van a las posibles soluciones. Hay una cuestión de establecer genéricamente la responsabilidad o la causa de los contagios en la densidad de estos barrios. Puede ser una de las razones, pero por ejemplo Caballito es uno de los lugares más densamente poblados de la Argentina y no está teniendo esta explosión de contagios, asique las razones son otras y que tienen que ver con lo que te decía al principio, la falta de infraestructura sanitaria, la falta de recursos para adquirir productos de higiene personal, el sistema alimentario de las familias, la cuestión de los inquilinos, la falta de ventilación, y esos son los temas que mediáticamente no se tratan y que en muchos medios tratan incluso de ocultar para defender a los gobiernos, principalmente al de la ciudad de Buenos Aires.

Hqn: ¿Puede la pandemia alentar el debate sobre el ordenamiento territorial actual?

JB: La pandemia del coronavirus debería habilitar una rediscusión de la planificación urbana. Esta discusión y estos temas ya deberían haberse dado en la CABA, en el AMBA y a nivel nacional. A nivel nacional todavía no tenemos una ley de ordenamiento territorial. La cuestión de la planificación, la cuestión del uso de las tierras, quienes tienen el poder sobre la planificación, es una cuestión dejada de lado por las constantes crisis que tiene la Argentina. Ante la crisis la cuestión inmobiliaria, el derecho a la vivienda, el derecho al territorio, el derecho a la ciudad son dejados de lado como si no fuesen cosas importantes. Creo que en esta crisis por la pandemia, por primera vez toca el tema de las ciudades. Pone el acento en que la planificación las ciudades influye directamente en cómo se pueden afrontar las crisis sanitarias y económicas. Debería ponerse sobre la mesa el debate sobre la planificación. Hasta el momento no hemos visto que ningún gobierno empiece a pensar a futuro en esta dirección.

Hqn: ¿Qué propuestas concretas hay, por lo menos en el corto y mediano plazo, frente al hacinamiento en las ciudades?

JB: El tema del hacinamiento en las ciudades o su densificación es bastante complejo de abordar. El problema es obviamente el hacinamiento pero su solución tampoco es construir ciudades muy extensas porque eso implica extender la infraestructura de servicios públicos, lo cual dificulta mucho. Hay que lograr un equilibrio entre la densidad de población y la garantía de servicios públicos adecuadas. Muchas veces el problema no es la densidad sino la ausencia de servicios públicos adecuados, y esa correspondencia es lo que en las últimas décadas las miradas neoliberales de la ciudad no han tenido en cuenta. Cuando se habilita la construcción, o mayor capacidad constructiva en un sector de la ciudad, no se piensa si va a haber suficiente equipamiento educativo, de salud, de espacios verdes para las familias que van a ir a vivir allí. No hablo sólo de los servicios domiciliarios sino los servicios en general, el transporte, los espacios verdes y deportivos además de la salud y la educación. Lamentablemente esa correspondencia no existe al momento de planificar el espacio urbano.

Hqn: Muchas organizaciones ubican a la especulación inmobiliaria como un tipo de extractivismo que se da en las ciudades ¿Cuál es su mirada al respecto?

JB: El término “extractivismo urbano” se suele utilizar porque tiene bastante anclaje cultural y de resistencia asociada a la pelea contra el extractivismo minero y en el agro. En la ciudad de Buenos Aires no se extraen riquezas de la tierra, se extraen riquezas de la población. Es la clásica forma de concentrar poder y riqueza que tiene el capitalismo; aunque salvando estas diferencias teóricas se puede hablar de “extractivismo urbano”. ¿Qué es lo que sucede? La especulación inmobiliaria, producto de la desregulación del mercado inmobiliario, hace que la plusvalía que se genera en la ciudad sea apropiada por los sectores con mayor poder económico expresado en propiedad inmobiliaria, las grandes empresas inmobiliarias y los grandes poseedores de suelo urbano. El alquiler, la inquilinización de las ciudades, implica que esa plusvalía generada por las familias tenga que pagarse para garantizar una vivienda. Todos los meses se transfiere una enorme cantidad de riqueza de los inquilinos a los propietarios, que cada vez generan más dinero para comprar más tierra y acelerar esta espiral. En las ciudades argentinas aumentan la cantidad de familias inquilinas, y eso genera una gran desigualdad urbana. Genera una nueva fractura social entre inquilinos y propietarios. Es muy similar al fenómeno de quiénes son los dueños de los medios de producción, empleadores y dueños de las empresas, y grupos de trabajadores, empleados. Esa lógica se está trasladando a las ciudades, donde hay un sector que es dueño de medios de reproducción, es decir las viviendas, el suelo; y otro gran sector que no lo tiene, que sólo paga para usar esos medios que son las familias inquilinas.

Hqn: ¿Qué es para ustedes el “Derecho a la Ciudad”?

JB: El derecho a la ciudad parte de la descripción de todas las cuestiones que están mal en la concepción y construcción de las ciudades. En lo que tiene que ver con las desigualdades económicas, sociales, la concentración de poder político, mediático y económico; la concentración de la tierra, la falta de servicios públicos, la falta de consideración de la naturaleza, de la modificación de los ecosistemas. Y lo que hace es empezar a proponer una ciudad alternativa.

El derecho a la ciudad es un conjunto de lineamientos y principios para pensar esa ciudad alternativa. Es un paradigma que no está cerrado, que no es definitivo, pero que en los últimos años por la labor de muchas organizaciones y asambleas, va teniendo ejes en común. Entre ellos está la cuestión de desconcentrar el poder político, pasando de una democracia representativa o autoritaria, a una democracia participativa; a lograr una distribución igualitaria y equitativa de la riqueza que genera la ciudad; de lograr que los servicios públicos lleguen de manera igualitaria a todos los sectores y habitantes de la ciudad. A que la ciudad tenga una relación distinta con el campo, con las zonas periurbanas; que las ciudades dejen de ser un cáncer y empiecen de a poco a transformarse y a tener una mejor relación ecosistémica con las áreas que la rodean. Ciudades donde la lógica no sea privatizadora y mercantilista, sino de bien común, donde las familias tengan acceso a los bienes y a los derechos, no por su capacidad de pago y disponibilidad de dinero, sino por el simple hecho de ser personas.

Ciudad de Buenos Aires, 9 de mayo de 2020

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