Está probada la contaminación y las falencias en la remediación. Los imputados son Gustavo Ruffa y Jerónimo Araujo Muller, a quienes la Justicia considera presuntos responsables del desastre tóxico ocurrido en Mercedes en septiembre de 2019, cuando un incendio en la planta produjo el derrame de más de un millón de litros de agrotóxicos .
Imagen: Natalia Giumelli (@nataliagiumelli)
Un 27 de Septiembre del año 2019, la planta fabril SIGMA AGRO S.A., ubicada en la localidad de La Verde (Partido de Mercedes,Bs. As.), explotó y ardió liberando al ambiente cuantiosas y peligrosas cantidades de agrotóxicos, entre ellos glifosato, paraquat, 2-4D, imazetapir, haloxifop, metaloclor, clorpirifos, cletodim, atrazina y glufosinato, que se escurrieron hacia los arroyos y el Río Luján, y se infiltraron en el suelo alcanzando las napas, generando un verdadero desastre ambiental y una grave amenaza a la salud de miles de personas. A causa del siniestro, falleció Rubén Ponce, que prestaba servicios a la empresa, por las graves quemaduras térmicas y químicas sufridas al caer en un charco de agrotóxicos y químicos peligrosos ardiendo en llamas.
Durante los procesos judiciales llevados adelante por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, quedaron demostradas las numerosas irregularidades e incumplimientos por parte de la empresa, el municipio de Mercedes y los organismos provinciales de control, resultando innegable su responsabilidad en el siniestro y su accionar negligente ante sus gravísimas consecuencias. Solo para citar un hecho, en setiembre de 2023, el Ministerio de Ambiente de la Provincia reconoció que la empresa aún no había cumplido con la caracterización (herramienta de diagnóstico para la gestión del riesgo ambiental) del sitio contaminado, lo cual implica que durante esos 4 años, las enormes cantidades de tóxicos liberadas siguieron esparciéndose y ejerciendo sus efectos dañinos sin control ni medición adecuadas, exponiendo a la población y al ambiente a riesgos desconocidos y potencialmente nocivos.
A pesar de las abrumadoras evidencias sobre la gravedad del siniestro y las responsabilidades de directivos de la empresa y funcionarios públicos, la fiscalía demoró más de tres años en imputar penalmente a Jerónimo Juan Araujo Muller y Gustavo Marcelo Ruffa (Presidente y Apoderado de Sigma Agro, respectivamente). Una imputación inevitable por la contundencia de los hechos, pero inexplicablemente tardía. El fiscal reconoció entonces que “La empresa Sigma Agro S.A. funcionaba ilegalmente produciendo distintos tipos de herbicidas y agroquímicos hasta el día en que el siniestro de marras ocurrido el 27 de septiembre de 2019 puso fin a su invisibilidad, quedando por tanto expuestas tanto sus irregularidades administrativas como las omisiones que derivaron en su correspondiente sanción, dispuesta por el O.P.D.S….”.
Finalmente, el pasado 2 de octubre de 2025, el Juez de Garantías Patricio Arrieta decretó la elevación a juicio oral y público de la causa penal en la cual los únicos imputados son los ya mencionados directivos de la empresa Ruffa y Araujo Muller.
En los considerandos de la resolución, el Juez Arrieta sostuvo que “la omisión por parte de los imputados, en su calidad de directores responsables de la empresa Sigma Agro S.A., de cumplir con el procedimiento de la habilitación del lugar para funcionar, así como la remediación incompleta del sitio contaminado tras el siniestro ocurrido el 27 de septiembre de 2019, revela una inobservancia grave de los deberes legales a su cargo, configurando una conducta penalmente típica en los términos del artículo 55 en función del artículo 57 de la Ley 24.051, que reprime al que manifiestamente infringiere los deberes que la ley impone para el manejo de residuos peligrosos, generando peligro concreto para el ambiente, los recursos naturales o la salud pública.”
Para el magistrado, “Sigma Agro S.A. operó clandestinamente, sin haber cumplido ninguna de estas fases ni contar con habilitación ambiental ni controles efectivos, situación que se mantuvo debido a la invisibilización de su funcionamiento ante el OPDS y la falta de intervención de las autoridades municipales competentes”. El juez consideró además que las omisiones posteriores al siniestro en cuanto a las obligaciones de recomposición por parte de los imputados, imposibilitaron determinar con precisión la composición, magnitud y extensión de la contaminación del suelo, recursos hídricos y medio ambiente en general, generando un riesgo para la salud pública y el ambiente.
Imagen: Natalia Giumelli (@nataliagiumelli)
La explosión seguida de incendio de Sigma Agro causó uno de los peores derrames tóxicos en la historia de nuestro país. Hoy, a seis años del siniestro, aún persiste claramente visible la estela de muerte dejada por los agrotóxicos derramados en su camino a través del campo, hacia dos lagunas en las cuales nace el arroyo Balta, importante afluente del Río Luján. Subsisten graves interrogantes sobre el alcance de la contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas, justamente en medio de una importante zona de producción hortícola.
Mientras se produce este importante avance en la causa penal, resulta preocupante la lentitud de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mercedes para decidir sobre el proceso de remediación ambiental de la zona afectada. La causa civil se encuentra desde hace más de seis meses sin resolución en este Tribunal, cuyos jueces integrantes se han negado a recibir las contundentes pruebas producidas en la causa penal que posibilitaron la elevación a juicio de los directivos de la empresa. La Organización de Ambientalistas Autoconvocados seguirá exigiendo, a través de los abogados intervinientes el Dr. Fabián Maggi y la Dra. Gimena Viviani, la pronta resolución del caso también en sede civil, con la amplitud probatoria que la materia ambiental permite, para poder finalmente alcanzar plena Justicia en un caso que se ha convertido en emblema de las consecuencias del modelo agrotóxico en nuestro país.
Mercedes, Buenos Aires, octubre de 2025
Fotos de Natalia Giumelli (@nataliagiumelli)
