Por Facundo Cuesta de Huerquen
Mientras la pelota rueda en el norte y nos volvemos a ilusionar con una selección encabezada por un Messi maduro y brillante, el capital concentrado está jugando otro partido, su partido: alimentando con iniciativas una maquinaria política dispuesta a poner al país bajo su control. En simultáneo al RIGI, el debate del Super RIGI, la adjudicación de la llamada Hidrovía por otros 25 años, la Ley de Tierras, sucede el desmantelamiento de todo el andamiaje normativo que ampara derechos, establece reglas y de alguna manera pone límite a las ambiciones desmedidas de las corporaciones. En ese sentido hoy, 19 de junio, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) publicó la Resolución 197/2026, que deroga la norma 283/2015 habilitando el patentamiento de eventos biotecnológicos en la Argentina.
La medida fue comunicada vía X por los cuestionados Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro de Desregulación, Adolfo Sturzzeneger; celebrada por toda la industria semillera: Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva, y las «nacionales» como Don Mario, y difundida por multimedios parte del ecosistema de agronegocios como Clarín y La Nación. Cada uno de ellos reprodujo los mismos argumentos donde la innovación brilla por su ausencia: la remanida retórica de «desburocratización» y el aliento a entornos favorables a la “inversión”, y el viejo argumento de que la Argentina “se estaba quedando atrás” en materia agropecuaria; eso que vienen repitiendo como latiguillo desde hace varios lustros.
Como antecedente hace pocos días, el gobierno derogó la Resolución Conjunta 99/2001 y 810/2001, que obligaba a que el INTA, el SENASA, el INASE y otras áreas del Estado participaran en la definición de criterios de patentabilidad para materia viva y desarrollos biotecnológicos. Se venía. En conjunto, las medidas devuelven al INPI control pleno para decidir qué se puede patentar en el campo de la biotecnología agropecuaria sin la intervención de los organismos técnicos del Estado que durante años actuaron como contrapeso. Alfredo Paseyro, de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) celebró sin rodeos: «Esto fortalece las patentes vinculadas con eventos biotecnológicos».
Aunque uno a priori diría «¿en qué me toca a mi? si yo no como eventos biotecnológicos«, sucede lo contrario ya que impacta en todo el sistema.
En nuestro país la Ley de Patentes (nro. 24.481, votada por presión del FMI durante el gobierno de De la Rúa) estableció, entre muchas cosas, que no son patentables ni las plantas ni los animales, una medida que las corporaciones semilleras con presencia en el país buscaron derogar junto con la modificación de la Ley de Semillas (nro. 20.247) para garantizarse el cobro de regalías cada vez que los agricultores utilicen semillas alcanzadas por distintas formas de propiedad intelectual. Propiedad intelectual basada en la apropiación de los frutos del mejoramiento agrícola que los pueblos y comunidades han realizado a lo largo de los miles de años que tiene la agricultura, y que por lo tanto son denunciados en todo el mundo como un robo de ese puñado de corporaciones semilleras trasnacionales que hoy ya controlan gran parte del mercado semillero mundial.
Lo que está en juego es vital porque tiene implicancias para todo el sistema. Si detrás de cada bocado (de lo que sea) hay una semilla agrícola, de su posesión, producción y comercio dependen la soberanía alimentaria y el desarrollo agropecuario de un país. Quien controla las semillas, controla la cadena productiva y por lo tanto, la disponibilidad de alimentos con todo lo que eso significa.
Este intento no es nuevo incluso en esta gestión de gobierno: ya con el proyecto de “Ley Omnibus”, con el que el gobierno pretendía resetear el país de forma regresiva, había un artículo que establecía la adhesión a UPOV 91 que finalmente fue eliminado del proyecto, y generó una enorme campaña de denuncia. Sin embargo, con la firma del entendimiento comercial con Estados Unidos hace pocos meses la avanzada por derogar barreras que ponían límite a la ambición corporativa respecto a la “Propiedad Intelectual” cobraron nuevos bríos como vemos reflejada en esta resolución.
Lo que acaba de suceder es de una enorme gravedad por sus implicancias sobre nuestros alimentos, sobre el trabajo de miles y miles de familias, sobre la apropiación de rentas extraordinarias, sobre el estado de la soberanía de nuestros territorios destinados a convertirse en zonas de sacrificio por el capital extractivo.
A menos de 24 horas de un nuevo aniversario del Día de la Bandera la soberanía se sigue haciendo añicos. Con una dirigencia política entregada mayoritariamente a garantizar los proyectos del capital, con un ecosistema empresario que apuesta en el mejor de los casos a ser socio minoritario en el saqueo, con organizaciones populares que no dan abasto frente a tanto ataque, con un pueblo enloquecido por el bombardeo informativo y atajando penales en la diaria buscando el mango que lo sostenga a flote, cuesta hacerle lugar a esta denuncia.
Pero es necesario porque lo que está en juego es enorme. Ahora, cuando la noche es más oscura, apostamos a las banderas en el corazón de este pueblo, a su fuerza indómita, a ese amor incondicional por la celeste y blanca, a la luz de ese sol que va a seguir saliendo, y bajo el que necesitamos construir un destino para todos y todas. Esa fuerza anida en los intercambios de semillas criollas, en las organizaciones de la agricultura familiar campesina que apuestan a transformar el modelo agroalimentario actual, a las comercializadoras y millones de consumidores de las ciudades que apostamos al alimento sano y al precio justo. Ese ecosistema multiactoral que toma la definición de la Vía Campesina que dice que «las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad» y está dispuesto a defenderlas como tantas otras veces.
Buenos Aire, 19 de junio de 2026.
