En Buenos Aires “vía libre” se dice “buenas prácticas agrícolas”

El 11 de diciembre, el Ministro de Agroindustria de Buenos Aires, ex (?) Monsanto, Leonardo Sarquís anunció la firma de una resolución para establecer pautas de aplicación de agrotóxicos en los distintos municipios de la provincia según los criterios de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) basándose en el informe que presentaron en julio pasado los entonces ministros de Agroindustria (Etchevehere), Ambiente (Bergman), Ciencia y Tecnología (Barañao) y Salud (Robinstein) . La resolución regirá desde el 1ro de enero del 2019, es decir, en 2 semanas.

Cartón pintado

En los 20 años de este modelo agroindustrial el daño a las poblaciones y al medio ambiente es inocultable y tremendo: cáncer, tiroidismos, afecciones epidérmicas, neurológicas y respiratorias, alergias y celiaquía, trastornos reproductivos; cursos de agua y lechos de cuencas contaminados, presencia de pesticidas en la carne de animales y peces, pérdida de biodiversidad, y agrotóxicos en sangre y orina cada vez que alguien se las analiza. La evidencia científica independiente se acumula a nivel mundial, y se descubren las tramas oscuras atrás de cada estudio que las empresas presentan.

El discurso de la BPAs es la carta que el agronegocio sacó de la galera cuando no pudo seguir sosteniendo que los agrotóxicos eran “inocuos para la salud y el ambiente”. De esta manera el problema no son los venenos sino su “mal uso”. BPAs es el resultado de una millonaria campaña de publicidad y marketing, sobre la que las corporaciones construyeron una plataforma, la Red BPA”, desde donde buscan influir en educación y en políticas públicas. La presentación de julio y esta resolución en Buenos Aires representan la concreción de este objetivo: un discurso elaborado por las empresas que es asumido por el Estado como política pública, de la mano de empleados devenidos funcionarios.

La Nación “Campo” y una tapa de antología

Los metros “no importan”

los metros de retiro pueden ser de unas pocas unidades bajo ciertas circunstancias, o de cientos bajo otras, o puede no ser necesario fijar una distancia sino restricciones fundadas en los tipos de productos o condiciones meteorológicas” o sea indeterminación total, esto dice el informe del Grupo de Trabajo Interministerial.

Si hasta ahora en cada territorio la disputa entre las comunidades y el agronegocio se dirimía en los metros de amortiguamiento consagrados en ordenanzas municipales (por ejemplo 100, 500, 1000 o más metros según el tipo de pulverización); la resolución intenta dejarlas sin efecto y establecer que los resguardos para poblados, escuelas rurales, cursos de agua, viviendas rurales, producciones agroecológicas o reservas naturales, se establezcan según cada caso puntual mediante la intervención de “un técnico” que analizando las variables (características del lugar, condiciones climáticas, tipo de veneno, maquinaria, etc) diga qué se puede hacer. La indeterminación se convierte en “vía libre” para fumigar.

Para Gabriel Arisnabarreta, ingeniero agrónomo, productor agroecológico e integrante de la asamblea ECOS de Saladilloesta resolución avanza sobre los derechos ambientales adquiridos por las asambleas y pueblos organizados a través de muchos años de lucha y resistencia; mediante ordenanzas que prohibieron o pusieron límites al uso de agrotóxicos en sus territorios. Es una resolución absolutamente inconstitucional e inviable: inconstitucional porque el derecho ambiental debe ser progresivo y nunca regresivo, podemos ir por más derechos pero nunca por menos; y es inviable porque en medio de un país que dice no tener presupuesto para atender derechos básicos como salarios, educación, vivienda o salud, pensar que se puede sostener un ejército de técnicos que corran por toda la provincia cada vez que alguien decida pulverizar es ridículo. Es más, hoy los municipios dicen no tener plata ni personal para controlar que se cumplan las ordenanzas vigentes”.

Buscan dar por tierra con todas esas ordenanzas que “molestan”. El criterio es que los municipios adhieran a la resolución, y de esta manera muchos intendentes consiguen “un paraguas” que les permite cercenar derechos escudándose en ella. Esto ya está pasando: en Lincoln el intendente vetó artículos clave de la ordenanza municipal que se venía construyendo, y en Tandil anuncian que buscarán “amalgamar” la ordenanza con la resolución.

¿“Ordenar”?

Uno de los argumentos de quienes sostienen esta política es que hoy en la provincia de Buenos Aires (y en el país) hay un “descontrol” de ordenanzas y regulaciones municipales al respecto, y que esta resolución viene a “poner orden”. Efectivamente: es un quilombo. La politóloga Daniela Dubois, integrante delcolectivo Ambiente Saludable San Andrés de Giles y de la Red Federal de Docentes por la Vida, acaba de presentar en el Congreso de Clacso 2018 un relevamiento de las ordenanzas municipales referidas a las fumigaciones con agrotóxicos en los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires que es elocuente de estas disparidades.

Lo primero a decir es que el Estado que habla de “descontrol” no tiene sistematizada y disponible la verdadera situación normativa general de la provincia; Dubois insiste en que su trabajo sólo fue posible por la colaboración de la enorme red de luchadoras y luchadores de los pueblos fumigados de Buenos Aires que acercaron cada parte de la información necesaria.

Si se trata de encontrar pisos comunes no hace falta más que aplicar las leyes en vigencia: La Provincia de BsAs cuenta con la Ley 10.699/89 y su decreto reglamentario 499/91 que en su artículo 38 establece q las aplicaciones aéreas “deberán operar a una distancia no menor a los 2 km de los centros poblados”. Esto es un piso y no un techo. Igual que sostiene Arisnabarreta: se puede legislar hacia adelante, es decir hacia mayores protecciones, pero no disminuirlas. Este principio de “progresividad” está consagrado en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente (nro 25.675 del 2002) a la que el extractivismo pretende dejar como papel mojado. Es que este sistema avanzó vulnerando derechos consagrados en la Constitución Argentina y en innumerables tratados de los que nuestro país es signatario, es decir: en contra de la ley. Este intento de que el discurso empresarial de las BPAs sea política de Estado es un paso más en esta pulseada.

Con los mapas que elaboró Dubois sobre la mesa, y con los relatos que las asambleas nos compartimos en cada encuentro provincial, podemos ver que ese “descontrol normativo” es la fotografía de la correlación de fuerzas en cada territorio, entre un sistema que avanzó avasallante y la resistencia que las distintas comunidades fueron oponiendo en defensa de su salud y el cuidado del ambiente.

Las escuelas de Entre Ríos

En La Nación campo sostienen que en el apuro por avanzar con las resoluciones de BPAs influyó el fallo de la justicia entrerriana en resguardo de las escuelas rurales. 

El 1ro de octubre de 2018 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial volvió a darle la razón al Foro Ecologista de Paraná y a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) en el amparo que presentaron para preservar la salud de los niños y docentes que asisten a las 850 escuelas rurales que hay en la provincia, y que establece zonas de resguardo para ellas de 1.000 y 3.000 metros para fumigaciones terrestres y aéreas respectivamente. Este fallo despertó la ira del agronegocio que amenazó con cortar rutas para voltearlo y presiona (en este mismo momento) por un decreto del Ejecutivo Provincial que lo cercene. Buscan torcer una decisión firme del órgano máximo de la justicia provincial; y con la exigencia de que intervenga el Gobernador Bordet, afectar la división de poderes. Las asambleas de productores intentaron replicar “la épica” de la lucha contra la 125: una vez más “el Estado que pone palos en la rueda a quienes sostienen el país”. Tal es así que las asambleas en Gualeguaychú se hicieron en el mismo lugar donde cortaban la ruta hace 10 años. Sostienen que la imposibilidad de fumigar cerca de las escuelas rurales torna “inviable” la producción.

¿Una “razón económica” puede anteponerse a la salud de la gurisada? La justicia provincial, haciéndose eco de una demanda social cada vez más fuerte, dice claramente que no. Sin embargo sirve detenerse en esta idea de la “imposibilidad de producir” para descubrir hasta qué punto muchos productores están presos de un discurso que no elaboran y que les viene impuesto como el paquete tecnológico: algo que no controlan y que en muchísimos casos también les cuesta la salud y los ahoga económicamente. La Red Nacional de Municipios que Fomentan la Agroecología (RENAMA) que encabeza el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá viene demostrando que la agroecología es absolutamente viable en grandes extensiones, y que si también queremos hacer números, el margen bruto de las mismas es mejor en comparación con el agronegocio. Sobre la resolución de agroindustria dice “claramente las BPAs no son la solución. El problema no está en cómo tirás el veneno, sino en el sistema, que cada vez pide más y más aplicaciones de estos verdaderos biocidas; hay zonas donde se pasó de 2 litros por hectárea a más de 10 o 12, y es que mientras más veneno tirás, generás mayores desequilibrios.”

Agroecología

Otra maniobra en marcha es emparentar la forma de producción agroecológica con el discurso de la BPAs. De esta forma fumigar con agrotóxicos “bien” sería una práctica no reñida con la agroecología y la “sustentabilidad” de los modelos agroindustriales.

Producir de forma agroecológica implica la recomposición de los ciclos de la vida dentro de ecosistemas agrícolas, donde nada sobra, y donde la acción de los agricultores es básicamente la de ayudar a que el propio sistema se equilibre. Cada situación es única, y no existen intervenciones disociadas de esa particularidad. Implica suelos llenos de vida, y la interacción con la mayor biodiversidad posible. Nada que ver con los modelos de monocultivo que fomenta el agronegocio con inyecciones constantes de insumos industriales (fertilizantes y plaguicidas) y donde todo lo que no es el cultivo se transforma en “una plaga” a erradicar.

La propia FAO viene ajustando el discurso, y ahora plantea la salida para alimentar a la humanidad está en la implementación de la agroecología.

Ladran Sancho

Los elementos que fuimos desgranando nos hablan de que, aunque no ocupe espacios de “prime time”, estamos en un momento quizá decisivo: una forma de producción agrícola está atravesando una de sus crisis más profundas de cara a la sociedad y a los propios productores, e intenta escapar de ella hacia adelante, en ella se inscribe la resolución de Sarquís.

Enfrente, las alternativas no hacen más que fortalecerse: en el campo, la producción agroecológica suma hectáreas y productorxs en sus distintas formas, desde horticultores intensivos hasta medianos productores extensivos; en casi todos los pueblos fumigados hay asambleas y espacios que alertan a la población y abren debates; en las grandes ciudades miles tomamos conciencia de que estamos en riesgo a cada bocado, y buscamos formas de acceder a alimentos sanos a precios justos; nacen nuevas alternativas de comercialización; la problemática empieza a aparecer tras el bloqueo mediático y en casi todas las universidades del país hay cátedras de soberanía alimentaria y grupos de jóvenes y técnicos con ganas de apostar a “otra cosa”.

Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón”. En Buenos Aires tenemos que enfrentar este embate y seguir fortaleciendo las alternativas; pulseando con las narrativas que naturalizan el saqueo, y llenando de contenido e imágenes concretas eso que muchxs llamamos Buen Vivir, para convidarlo.

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