La toma de Guernica (Pte Perón) fue empujada por la desesperación. Parte de esos 9 millones de argentinos y argentinas que Alberto Fernández reconoció que “no estaban en el radar”. Básicamente familias jóvenes, donde sus integrantes perdieron sus trabajos o changas por la pandemia, familias que no pudieron seguir pagando alquileres; familias con 3 o 4 generaciones hacinadas en una misma vivienda tornando insostenible la convivencia, o por violencia de género. La toma arrancó en Julio, 2.500 familias en 4 barrios sobre alrededor de 100 hectáreas; todos los meses de frío esas familias se sostuvieron en ese lugar porque no les quedaba otra, con frío, con hambre, soportando lluvias intensas, la humedad, y la falta de todo lo básico.
Pero la toma de los pobres chocó de frente con la toma de los ricos, destapando un mecanismo más con que los sectores acomodados de la sociedad se apropian de lo común: los desarrolladores de countrys compran un pedazo pequeño, ocupan el resto y terminan de hacerse del total de la superficie por algún mecanismo legal como el trámite de usucapión, y a precio vil. Claramente para hacer esto deben contar con el visto bueno de los caciques territoriales a cargo de las intendencias, y de la vista gorda del poder judicial.
2.500 familias, 4 barrios, casi 100 hectáreas
Poderes fácticos
La intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero (FR/FdT) salió inmediatamente a condenar la “usurpación” y a solicitar la intervención de las fuerzas del Estado para desalojar a las familias.
Cantero es esposa de Carlos Acuña, titular del sindicato de empleados de estaciones de servicio; a quién Luis Barrionuevo ubicó en el triunvirato de la CGT que le garantizó a Macri vista gorda y paz social durante sus 4 años de gobierno. Acuña fue parte del acto del 16/10 donde el peronismo más recalcitrantemente reaccionario atacó con fuerza al gobierno. Cantero ocupa la intendencia de Presidente Perón como parte de los acuerdos constitutivos del Frente de Todos donde se concedió la continuidad del Frente Renovador que encabeza Sergio Massa, donde gobernara en caso de reelegir; un dedazo que dejó heridas en toda la provincia entre los sectores populares que integran la coalición.
La condena de Cantero hacia las familias ocupantes, tuvo el rápido acompañamiento del conjunto de los intendentes bonaerenses que salieron a marcar la cancha temerosos de lo que el derrotero pudiera disparar en sus propios territorios con idénticos padecimientos; de esta manera forzaron a la gobernación a definirse con la perogrullada de que las tomas “son un delito”.
En esa línea también la justicia a través del juez de garantías Martín Rizzo, salió con rapidez a ordenar el desalojo de las tierras, pero sin que ninguno de los supuestos dueños pueda demostrar su propiedad sobre las tierras. En la edición dominical del 27 de septiembre de Página 12, Mario Wainfeld, que además de periodista es abogado, escribió: “Las propias sentencias desnudan carestía probatoria de los supuestos dueños o poseedores o tenedores despojados. Son varios. El único que acompaña planos es el apoderado de la empresa Bellaco S.A aunque no agrega título de propiedad ni certificados de dominio. Otros denunciantes aportan papeles privados sin fuerza probatoria contra terceros. Una mujer afirmó “ser poseedora de ciertos lotes que le habrían sido cedidos por la Parroquia de la Zona para construir una iglesia”: la iglesia no existe. Otro poseedor alegó que su ex patrón le cedió lotes como indemnización, no se firmó escritura traslativa de dominio. Comentó que se estaban por construir 8 canchas de rugby. (…) Los tribunales platenses les concedieron todo, en tiempo récord. Una excepción asombrosa al servicio de una decisión reprobable.”
Campañas y aprietes
Ignorando estos elementos la derecha política y sus medios de comunicación lanzaron una feroz campaña para instalar la idea de que “en la Argentina está en peligro la propiedad privada”. Para eso se apoyaron en imágenes de Guernica, en la palabra presidencial cuando anunció la fallida expropiación de Vicentin (otro desfalco multimillonario que sigue impune), o las recuperaciones del pueblo mapuche en el sur. Con la irrupción de Dolores Etchvehere y el Proyecto Artigas denunciando los ilícitos de una familia emblemática, al instalarse en el campo “Casa Nueva” en Santa Elena – Entre Ríos, esto escalaría aún más.
Pero el corazón de todo esto era claramente Guernica. Porque si bien hubo muchas otras ocupaciones en este período (y muchos otros desalojos), allí estaba la más grande, estaba en pleno conurbano, y donde la solidaridad y la organización habían puesto de manifiesto la realidad y la desesperación de millones en todo el país, condensada en la consigna “tierra para vivir”, así como los negociados de los poderosos alrededor del suelo.
Por eso la desmentida oficial debía consistir en el desalojo de la toma; cualquier otra salida como la que partiera de la realidad nominal de los terrenos, o la urbanización planteada por los ocupantes, sería leída y amplificada como la constatación del postulado de la reacción. Y la presión fue constante todo este tiempo. Incluso referentes y diputados de la oposición política llegaron a dirigirse hasta la toma para provocar a sus ocupantes gritándoles “delincuentes”. Y todas estas jugadas tienen fuerte pregnancia en sectores de las capas medias, incapaces de empatía con los más necesitados o perezosas para tratar de conocer los hechos.
El desalojo de las 2.500 familias en Guernica era el sacrificio exigido por propios y extraños para exorcizar fantasmas y dar “las señales correctas”. Quizá con un ojo puesto en las elecciones de medio término y la actitud que tomarían las capas medias, y mientras la crisis económica arrecia jalonada por el poder concentrado, el gobierno provincial entró.
última foto de las negociaciones del gobierno de la provincia de BsAs y lxs delegados de las familias
El desalojo
Con la decisión de que el terreno debía ser desocupado la gobernación bonaerense a través del Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, encaró una negociación con los y las delegadas de la toma y se instaló en el terreno. Para tener ese tiempo, en distintos momentos solicitaron a la justicia la postergación de la orden de desalojo.
Además de la demonización mediática y en redes sociales, recordemos que durante estos meses las familias de la toma sufrieron numerosos y brutales ataques de “desconocidos” o de las propias fuerzas de la policía bonaerense, lo que incluyó heridos de bala. Por el otro lado las familias recibieron la solidaridad de un sinnúmero de organizaciones sociales y políticas, y el acompañamiento concreto de organizaciones de abogadxs y organismos de derechos humanos como el CELS, el Serpaj y APDH Matanza. Durante el acto por los 40 años del Premio Nobel de la Paz para Adolfo Pérez Esquivel con el presidente Fernández, Norita Cortiñas entró con un cartel contra el desalojo, y se dieron conversaciones informales que buscaban el acercamiento de las posiciones. Pero la política oficial partía de la desocupación del terreno.
El gobierno buscó volver a censar a las familias en la toma y propuso, a cambio del desalojo voluntario, dinero por un período y la promesa de “lotes con servicios”. Con la orden de desalojo como una espada de Damocles, una parte eligió este camino y otra parte lo rechazó. En el medio circuló información contradictoria (pocas veces bien intencionada) sobre cuánta gente quedaba en el terreno, que “las familias se fueron”, “quedan muy pocos y aparateados por las organizaciones”, etc. El gobierno cedió a la tentación de demonizar a las organizaciones sociales con presencia en la toma por la negativa, enrareciendo aún más las negociaciones.
El 28 de octubre las negociaciones terminaron abruptamente, el gobierno culpó a “la intransigencia” de las organizaciones y se cerraron todos los teléfonos. En la madrugada del 29/10, 4.000 efectivos de la policía bonaerense desalojaron violentamente a quienes permanecían en la ocupación en un operativo donde se quemaron casillas y detuvieron a más de 30 personas, consumando el sacrificio que pedían los sectores reaccionarios y opositores.
Las organizaciones sociales, políticas y de DDHH se movilizaron inmediatamente en solidaridad con las familias de la toma, cortando accesos, y reclamando la liberación de los detenidos como se logró rápidamente.
Pocas horas más tarde, una decisión de la justicia entrerriana determinó el desalojo del campo “Casa Nueva”, ante la cual los militantes del Proyecto Artigas abandonaron el lugar flanqueados por cordones policiales tras los que festejaba Luis Miguel Etchevehere y sectores del ruralismo reaccionario, junto a la oposición política presente a través de Patricia Bullrich. Dolores Etchevehere salió detenida y fue liberada poco después.
Culminaba un día oscuro para los sectores populares y sus organizaciones; llenos de bronca, dolor, preguntas, y balances a medio hacer; pero con la tierra en el centro del debate público.
Desalojo – Foto Agustina Salinas
¿Y ahora?
No faltan propuestas e iniciativas para encauzar la necesidad de un nuevo ordenamiento territorial, en función de las necesidades del conjunto de la sociedad, iluminando la opacidad con que los poderes fácticos han ido consolidando un estructura totalmente regresiva que se realimenta. Lo que no se registra más allá de algunas declaraciones o gestos es la decisión política de avanzar concretamente y poner en debate las distintas herramientas a tal fin.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) acaba de presentar por 3ra vez su proyecto de Ley de Acceso a la Tierra que consiste básicamente en un “Procrear Rural” que les permita a las familias productoras acceder a créditos blandos para hacerse de una pequeña superficie. La misma se articula con las Colonias Agrícolas de abastecimiento que la organización ya puso en marcha en distintos puntos del país. Un conjunto de diputados han presentado una Ley de “Tierra, Techo y Trabajo”, y otras la iniciativa de “La Marcha al Campo”. Organizaciones campesinas plantearon iniciativas de “áreas campesinas”, leyes de protección y desarrollo de los cinturones verdes en los periurbanos, como las “EPAS” en Santa Fé. La UTEP ha hecho una ambiciosa propuesta a través del llamado Plan Gral San Martín para crear miles de puestos de trabajo, urbanizar barrios populares y repoblar el territorio. Propuestas sobran…
La pandemia puso de manifiesto para millones la necesidad de avanzar en este camino, salir de la locura de tener el 8vo país en extensión territorial, con todos los climas y enormes posibilidades productivas, y sin embargo tener el 93% de la población hacinada en un puñado de ciudades, encima modeladas por las lógicas de la especulación inmobiliaria.
En el territorio que se vacía a palos, se buscan profundizar actividades extractivas como los agronegocios, la mega-minería, o la producción hidrocarburífera; también “desarrollos inmobiliarios” destinados a los sectores más acomodados de la sociedad: en los últimos 15 años la mitad del nuevo suelo urbano de la provincia de Buenos Aires se generó a tal fin. También se hacen obras de infraestructura para asistir a todos estos emprendimientos: represas, estaciones y tendidos, antenas, dragados, autopistas y nuevos caminos. Es la lógica del capital la que moldea nuestros territorios y pretende ir por más (es su naturaleza).
Y lo hace violando derechos y leyes consagrados, sin convocar la indignación a través de los medios de comunicación socios, ni la reacción expeditiva del poder judicial: ojalá actuaran con tanta premura y dureza frente a las usurpaciones de los countrys, a quienes abusan con los alquileres a los que está condenada buena parte de la población por la imposibilidad de acceder a la vivienda o tierra propia; cuando el agronegocio fumiga con agrotóxicos una escuela rural, o en las zonas de resguardo y amortiguamiento que las comunidades conquistaron; cuando una corporación pretende apropiarse de semillas y recursos genéticos que son parte de nuestros bienes comunes; con las empresas que desmontan y queman. No pasa…
Si hay algo a rescatar de lo expuesto hasta aquí es que quedó en evidencia el antagonismo entre los intereses de las mayorías, y los de un puñadito de corporaciones y personeros. La posibilidad de conciliarlos es un cuento que a esta altura nadie cree; aunque algunos chamuyen creer, y otros quieran hacerlo. La realidad es otra cosa, y ahí se dirimen las disputas para el tiempo y el mundo por venir.
Buenos Aires, 30 de octubre de 2020
