La herramienta que formalizaba a agricultores y agricultoras familiares que fue barrida por el macrismo, hoy vuelve a ser implementada por impulso de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e indígena (SAFCI).
Por Eduardo Silveyra
Julio de 2018. Protesta de las organizaciones campesinas ante la eliminación del Monotriburo Social Agropecuario por parte del gobierno de Mauricio Macri.
Sabido es, que las políticas neo liberales llevadas adelante por el macrismo, tuvieron como fin, desmantelar y destruir derechos de todos los sectores populares, tanto en el plano político como en el económico. En ese punto, la agricultura familiar, campesina e indígena, se convirtió en un blanco certero para apuntar, desde el entonces Ministerio de Agroindustria dirigido en primer lugar por Ricardo Buryaile y luego por un representante más directo de la oligarquía y del autodenominado “campo” como Luis Miguel Etchevehere, quien, para asumir a su cargo, debió renunciar a la presidencia de la Sociedad Rural Argentina.
Durante los cuatro años de gobierno macrista, se incrementaron los conflictos por tierras campesinas usurpadas por grandes terratenientes, desalojos de comunidades campesinas, como así también, el incremento de los desmontes para extender la llamada frontera agropecuaria. Además se profundizaron otros problemas, como la desertificación de suelos y la expulsión de población campesina e indígena de sus territorios productivos y ancestrales. Durante este tiempo se desmantelaron las políticas implementadas para el sector desde los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández. Una de ellas fue el Monotributo Social Agropecuario (MSA), apoyado sobre otra herramienta como el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).
El MSA permitía a sus beneficiarios y beneficiarias, el acceso a la jubilación y también a la salud a través de la Obra Social de Ladrilleros. Se comenzó a aplicar a partir del año 2009 con costo cero para quienes lo recibían, y que era cubierto por el Estado. Permitió la formalización de unos 55.000 agricultores y agricultoras familiares, que pudieron facturar sus ventas y tener acceso a ferias y mercados, como así también a convertirse en proveedores del Estado. El costo del MSA, como dijimos, se cubría desde el presupuesto otorgado al Ministerio de Agricultura, pero ya en la gestión de Etchevehere, fue derivado a la maltrecha Secretaria de Agricultura Familiar, que con un exiguo presupuesto, pronto de desentendió del tema y el MSA fue barrido y pasado nuevamente a la categoría del Monotributo Social, a cargo quien pudiera pagarlo.
Así se cerraron ferias francas, se persiguió a los agricultores y agricultoras con el decomiso de la producción y el impedimento de comercializar. Por ejemplo en Mendoza, donde el productor Cristóbal Cardozo, denunció varias veces la persecución que sufría la comunidad originaria que integra, cuando intentaban comercializar la producción, hecho que se replicaba en otras provincias como Misiones, donde se alentaba a los y las agricultoras familiares a reconvertirse en productores de maíz transgénico dentro del llamado Plan Maizar. El derrumbe del MSA tuvo sus consecuencias, la mayoría de quienes eran beneficiarios dejaron de pagar, se generó una deuda con la AFIP y fueron dados de baja del circuito formal. Dejaron de hacerse aportes jubilatorios y de recibir la atención de la obra social. Hoy por impulso de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del MAGyP, que encabeza Miguel Gómez, el MSA se restablece.
Reunión del Consejo de la Agricultura Familiar – Septiembre de 2021
Ezequiel Barbenza, Director de Registro y Formalización de la SAFCI, nos dice: “A partir del 18 de octubre pasado, los coordinares de la SAFCI ya fueron notificados para comenzar el reempadronamiento de beneficiarios del MSA en todas las provincias y ya se ha comenzado a trabajar en Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Salta, Chaco, Río Negro y Corrientes, el reempadronamiento va acompañado de una moratoria impulsada por la AFIP y aprobada por el Congreso la semana pasada. Es una muy buena noticia para el sector que necesita reconstruirse después del paso de la pandemia macrista y la del Covid, desde el RENAF, tenemos toda la energía puesta en reempadronar a 15.000 compañeros y compañeras de aquí a fin de año”.
El paso del tiempo ha dejado sus enseñanzas y hoy vemos que es necesaria la instalación de nuevos paradigmas, enunciados en los conceptos como Soberanía Alimentaria. Que ubiquen a la agricultura familiar campesina e indígena como el verdadero campo, presente con un 75% de sus producciones en la mesa de los hogares argentinos; generador de trabajo genuino, arraigo poblacional y motor de las economías regionales y la economía popular. En contraposición a la economía de mercado propuesta por el modelo capitalista en su versión extractivista que viene devastando a la naturaleza, a las comunidades campesinas y originarias, y tiene grandes responsabilidades en cuanto al cambio climático.
“Durante la pandemia se visibilizó la importancia de la agricultura familiar, campesina e indígena, porque estuvo presente en los lugares donde las necesidades acuciaban” dice Miguel Gómez y agrega: “desde la secretaría vamos a continuar trabajando para sumar más herramientas en conjunto con las organizaciones y afianzar las políticas de estado que permitan el desarrollo de la economía popular, de ahí la importancia de restablecer aquellas políticas que fueron destruidas y crear nuevas, porque sin la agricultura familiar no hay desarrollo posible”.
En tiempos donde la lucha por un cambio social que permita la equidad y la justicia, se centra sobre la tierra, que una herramienta como el MSA se vuelva a poner en funcionamiento no es poca cosa, porque también forma parte de los reclamos de las organizaciones, de la vuelta al campo, del arraigo y la soberanía alimentaria.
Buenos Aires, Noviembre de 2021
Julio de 2018. Protesta de las organizaciones campesinas ante la eliminación del Monotriburo Social Agropecuario por parte del gobierno de Mauricio Macri.